Colombia no se ha dado cuenta del grave peligro que representa la falta de control real sobre la minería.

El colapso de una mina en Riosucio, Caldas, en la que quedaron atrapadas 17 personas, debe motivar un debate nacional serio sobre la minería, que se ha convertido en una actividad fuera de control por parte del Estado, como lo evidencian este tipo de tragedias.

La explotación minera sin el cumplimiento de los requisitos de seguridad y de las normas ambientales representa un grave peligro para quienes se internan en los socavones, que exponen sus vidas en cada jornada, y también para las comunidades vecinas a las áreas de extracción de minerales, por los efectos sobre el ecosistema y su salud.

Los títulos mineros y las licencias ambientales son, para decirlo en términos coloquiales, un despelote. No se entiende porqué la mayoría de las minas operan sin el cumplimiento de las normas, pero, extrañamente tienen los permisos de operación vigentes. Así, se encuentran socavones y canteras que contaminan el aire o fuentes de agua, que impactan de manera negativa a las comunidades vecinas y hasta minas que operan en áreas urbanas con el visto bueno de las autoridades, algo que resulta incomprensible.

Y ni qué decir de la minería ilegal, que se ha propagado como plaga a lo largo y ancho del país sin que haya una acción firme, integrada y continua de las autoridades para combatirla.

En ambos casos, el de las minas que son “legales”, aunque no cumplan con los requisitos, y el de las ilegales, los primeros llamados a enfrentar el problema son los gobiernos locales que, si no intervienen, tarde o temprano serán cómplices por omisión de la perdida de vidas humanas por el derrumbe de un socavón, o de los daños ocasionados a un ecosistema o de la afectación de la salud de la comunidad por cuenta de la falta de acción ante la minería.

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