La cantidad de hechos de violencia y delitos contra la seguridad ciudadana que se registran a diario en nuestro país son, sin duda, un gran desafío para el nuevo gobierno nacional, que, independientemente de que priorice otros aspectos de la agenda, como el componente social, no debe bajar la guardia en la lucha contra el crimen, por el contrario, debe intensificarla.

El Estado no puede renunciar a perseguir, combatir y someter a los delincuentes, pues esta es una de sus responsabilidades en la protección y garantía de los derechos de los ciudadanos.

Por ello, es un error estimular un clima de opinión en el que el accionar de la fuerza pública contra el crimen sea satanizado.

En ese sentido, los esfuerzos que realice el nuevo gobierno en busca del desmonte de las estructuras criminales son bienvenidos, pero no se puede caer en el error, bajo ninguna circunstancia, de frenar las acciones de la Policía y de las Fuerzas Militares contra estas organizaciones, pues, como lo hicieron las Farc en su momento, durante las negociaciones con el gobierno del expresidente Juan Manuel Santos, podría constituirse en una oportunidad para la expansión del narcotráfico y, por lo tanto, para el fortalecimiento económico y militar de los grupos al margen de la ley.

El mismo principio debe aplicarse para el manejo de la seguridad en las ciudades. Paralelamente al desarrollo de políticas sociales que busquen evitar el ingreso de más jóvenes a la espiral del crimen, se debe perseguir a las organizaciones que atentan a diario contra la vida y bienes de quienes habitan en los centros urbanos.

La amenaza criminal es tan grande que sería un error renunciar al deber de la defensa legítima por parte del Estado.

Foto: Comunicaciones Alcaldía de Cali

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