¿A quién le corresponde garantizar la seguridad al interior de los estadios: a los equipos de fútbol o a las autoridades?

La pregunta anterior amerita un debate en profundidad, libre de las pasiones y los intereses económicos que se mueven en el mundo del fútbol y teniendo en cuenta factores como los siguientes:

En Cali, cuando hay un partido complejo, entre equipos con hinchadas que tienen antecedentes de violencia, se destinan entre 800 y 1.100 policías para vigilar el estadio. En una ciudad con tantos problemas de seguridad como la capital del Valle del Cauca, concentrar ese número de uniformados en el escenario deportivo implica necesariamente descuidar otros frentes en los que la delincuencia acosa.

Otro factor que debe considerarse es que el fútbol, ese deporte que mueve masas, es un lucrativo negocio; los clubes no solo reciben ingresos por la taquilla, sino también por derechos de transmisión de televisión, apoyo de patrocinadores y la lucrativa negociación de jugadores.

En ese contexto no se entiende porqué resolver y atender los problemas de violencia asociada al fútbol se ve exclusivamente como responsabilidad de las autoridades, cuando la rentabilidad es para los clubes. Si el fútbol es un negocio, los encargados de garantizar la seguridad al interior de los estadios son los equipos, no las administraciones municipales.

Es claro que la Policía y los gobiernos locales no deben desentenderse del tema, pues debe haber una coordinación entre éstos y la seguridad que contraten los clubes deportivos, pero no se debe descargar de manera exclusiva en las autoridades el desgaste operativo y financiero de la seguridad de un negocio particular. Es tal el desgaste que esto implica que por algo hay ciudades que no prestan sus escenarios deportivos a ciertos equipos.

Ojalá este debate sirva para que los clubes se involucren más en la prevención de la violencia asociada al fútbol.

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