En un panorama de unanimismo, la voz del Procurador ha sido útil para el proceso de paz.

¿Cuál es el propósito de la tan anunciada reunión entre el presidente Juan Manuel Santos y el procurador Alejandro Ordóñez? ¿Unificar los criterios de la Casa de Nariño y el órgano de control frente al proceso de paz?

Por incómodas que resulten para el Gobierno Nacional, las críticas del Procurador a las negociaciones de La Habana han sido útiles, pues en medio del unanimismo que reina en el establecimiento, Ordóñez ha asumido la vocería de quienes reclaman paz sin impunidad.

Así, ante propuestas como la entrega de curules en el Congreso de la República a los guerrilleros, la exención de cárcel para los cabecillas, la no entrega de armas por parte de las Farc al final de las negociaciones o la incorporación de subversivos a la Policía, el Procurador ha realizado llamados de atención que de una u otra forma han servido para que semejantes despropósitos no tomen fuerza.

Con un Congreso en el que las mayorías son oficialistas y una Fiscalía que parece poco independiente frente al Gobierno Nacional, el Procurador encarna el único contrapeso en las altas esferas del Estado en lo que al proceso de paz respecta.

No se trata de mantener per se una posición opuesta al proceso de paz, sino de tener la suficiente independencia para mirar con capacidad crítica las negociaciones y hacer los cuestionamientos que sean necesarios en aras de que el acuerdo al que lleguen Gobierno y guerrilla sea verdaderamente benéfico para los colombianos, y no simplemente un arreglo que favezca a los jefes subversivos.

En lo referente a los órganos de control las posiciones extremas frente a los gobiernos son dañinas, oponerse a todo es tan grave como decirle sí a todo. Sin embargo, por el origen político de su elección, los jefes de estas entidades en Colombia siempre son oficialistas u opositores, y esto no permite que vean con objetividad a las entidades y ciudadanos que son objetos de su control.

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