El inicio del cobro de multas por parte de la Policía abre una puerta muy peligrosa.

En la Corte Constitucional hay 26 demandas contra el nuevo Código de Policía, cuya aplicación sancionatoria empezó a regir ayer, y no es para menos, pues la norma, que tiene la sana motivación de construir una ciudadanía más respetuosa del derecho ajeno, es un compendio de artículos llenos de vicios, el típico caso en el que el remedio puede resultar peor que la enfermedad.

Es claro que la Policía no se da abasto  para combatir a la delincuencia, y ahora, además de perseguir hampones, los uniformados tendrán que sancionar a los vendedores ambulantes, a los propietarios de mascotas que no recojan los excrementos, a quienes realicen necesidades fisiológicas en espacios públicos, a los saquen la basura en horarios no atorizados, etc. ¿Podrán cumplir con lo uno y con lo otro?

A esto hay que adicionar el factor económico: otorgarle a los policías la potestad de imponer multas que van desde $98.360 hasta $786.880 propiciará malas prácticas. Con los antecedentes de la Policía, no es difícil imaginar que esta fa-cultad abrió un nueva oportunidad de ingresos para que los uniformados corruptos transen con los ciudadanos el pago bajo cuerda de sumas inferiores para evitar las multas.

¿A quién preferirá perseguir un policía: a un delincuente armado que podría enfrentarlo y cuya captura podría repre-sentarle retaliaciones o a un ciudadano que no recogió el excremento de su perro y preferirá pagar una mordida menor a los $98.360 de multa que se contemplan para esta infracción?

Hay que educar a los colombianos, claro, pero la multas no deberían ser económicas, sino pedagógicas y con trabajo social, porque con ciudadanos mal educados y una autoridad corrupta, la aplicación del Código de Policía podría derivar, ojalá que no, es muchos abusos.

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