Además de la explosión de un vehículo de transporte público que, según las autoridades, llevaba pentolita, hecho que ocasionó la muerte de siete personas y dejó 13 heridos, el departamento del Cauca vive una situación de tensión permanente, producto de la presencia de múltiples actores ilegales que se disputan los negocios ilícitos y le roban la tranquilidad a los habitantes de apartados y pequeños municipios.

Los hostigamientos y los asesinatos son noticias casi cotidianas en este departamento que, por ser zona de cultivos de coca y marihuana, y por contar con una riqueza mineral incalculable, padece el acoso de disidencias de las Farc, bandas criminales y el ELN, que van tras estos botines.

Precisamente las hipótesis de los investigadores apuntan a que los explosivos que ocasionaron la tragedia de esta semana en el municipio de Rosas tenían como fin un atentado terrorista o actividades de minería ilegal.

En medio de esta situación, con una industria del crimen creciente y dispuesta a todo, el Estado es demasiado débil en el Cauca, como lo evidenció el propio fiscal general de la Nación, Francisco Barbosa, quien en su visita a Popayán hace pocos días, habló de la falta de personal y tecnología que tiene la entidad en este Departamento, lo cual juega a favor de los criminales, pues actúan con la certeza de que las posibilidades de permanecer impunes superan ampliamente a las de ser capturados y condenados por sus acciones.

Es necesario priorizar este Departamento en la lucha contra la ilegalidad, no solo porque se debe proteger a sus habitantes, sino también porque los réditos de la minería ilegal y del narcotráfico financian a buena parte de la industria criminal que opera en el resto del país. Este no es un problema solo del Cauca.

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