Sin demeritar los anuncios de inversión social hechos por el presidente de la República, Iván Duque, para atender las necesidades de las comunidades indígenas y campesinas del Cauca, hay que decir que la creciente ola de violencia que se registra en este departamento no cesará mientras no se tomen medidas de fondo para desmantelar las estructuras del narcotráfico que están sembrando muerte en esta zona del país.

Si bien en el Cauca también se requiere más pie de fuerza militar y policial, para evitar la expansión y consolidación de estos grupos surgidos alrededor de la coca y la marihuana, la ola de masacres y asesinatos selectivos únicamente se detendrá si el Estado va por las cabezas de estas organizaciones.

Viene aquí una pregunta que hasta el momento parece sin respuesta: ¿las autoridades tienen identificados a los nuevos capos del narcotráfico que quieren tomarse el Cauca a sangre y fuego? Por la forma en la que se ha manejado el tema hasta ahora, da la impresión de que el Estado no sabe a quiénes se enfrenta, lo que es muy grave.

La lucha contra los grandes carteles del narcotráfico, en los años 90, solo dio frutos cuando las autoridades decidieron ir por las cabezas y crearon un bloque de búsqueda para tal fin. Algo así se requiere en el caso del Cauca, una persecusión frontal y sin tregua para dar con los autores intelectuales y materiales de los repudiables hechos que enlutan a la región.

Ante la capacidad de corrupción e intimidación del narcotráfico es necesario que a este delicado asunto se le dé un manejo de alto nivel, y un bloque especializado es una alternativa de resultados probados.

El país no puede permitir que lo que está ocurriendo en el Cauca continúe.

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