El atentado que dejó tres personas muertas y siete más heridas, cuando un bus que circulaba entre Caloto y Toribío fue emboscado por desconocidos con armas de largo alcance, demuestra la encrucijada que viven las comunidades indígenas del Cauca. Con el aumento de cultivos ilícitos, la violencia se ha recrudecido en este departamento, pero los cabildos se oponen a la presencia del Ejército en sus territorios.

Claramente los grupos disidentes de las Farc y demás bandas criminales que se disputan a sangre y fuego el control de los cultivos ilícitos en el Cauca no se detendrán por temor o respeto a la guardia indígena. Así lo prueba el atentado del fin de semana, en el que las víctimas fatales pertenecían a este cuerpo policial ancestral.
Surge, entonces, un interrogante sin respuesta: Si el Ejército y la Policía no ingresan a estos territorios para erradicar los cultivos ilícitos y para combatir a los grupo ilegales, ¿cómo se puede garantizar la seguridad para las comunidades indígenas?

No puede haber zonas vedadas para el Estado. Impedir que las Fuerzas Armadas ingresen a los territorios indígenas favorece a los violentos, pues les permite tomar el control y consolidar su negocio de drogas, y perjudica a las comunidades, porque las deja a merced de las bandas criminales.

Los líderes indígenas deben entender que en la medida en que no haya cultivos ilícitos en sus territorios, no habrá actores ilegales disputándose el control de los mismos, pero, para que esto se dé, es necesario que el Estado haga presencia. El repliegue del Ejército en el Cauca es evidente, y en gran medida se debe a las restricciones impuestas por las propias comunidades.

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