Las zonas rurales del Cauca, especialmente las que hacen parte de la jurisdicción especial indígena, no pueden seguir siendo territorios vedados para la Fuerza Pública, pues la resistencia a permitir que el Ejército haga presencia en estas zonas deja a las comunidades en manos de los actores ilegales, que en el caso de este departamento son muchos.

Hace pocos días un grupo armado ilegal disparó contra indígenas que intentaban erradicar cultivos ilícitos en zona rural del municipio de Caldono. El hecho dejó 31 heridos.

Es claro que en el Cauca operan “ejércitos” ilegales al servicio del narcotráfico, llámense guerrilla, disidencias o bracrim, que protegen a sangre y fuego las plantaciones ilegales y que, además, se disputan entre ellos el control de las mismas.

Por lo anterior, es casi suicida que haya comunidades rurales del Cauca que se opongan a la presencia de las Fuerzas Militares en sus territorios, pues esto les obliga a vivir bajo la ley del monte, sometidos a criminales que no sólo les despojan sus tierras o los convierten en mano de obra barata para sus cultivos, sino que reclutan a sus hijos.

Además del riesgos que representa para sí mismas, la negativa de las comunidades rurales caucanas a la presencia del Ejército alimenta una amenaza que traspasa las fronteras de ese departamento, pues en los cultivos ilícitos y los laboratorios ubicados en estos territorios se produce la droga que genera los recursos con los que opera la industria criminal a lo largo y ancho del país.

Si el Cauca sigue siendo territorio prohibido para las autoridades, será muy difícil ganar la lucha contra las drogas.

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