Cali, agosto 15 de 2022. Actualizado: viernes, agosto 12, 2022 22:47

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Estas comunidades sufren del abandono de un Estado

El acoso de los ilegales

Las dos masacres ocurridas en la última semana en el departamento de Nariño, donde ocho jóvenes fueron asesinados en zona rural del municipio de Samaniego y 72 horas después tres jóvenes indígenas corrieron la misma suerte en zona rural del municipio de Ricaurte, evidencian la compleja situación que se vive en esta región del país, donde al menos una docena de estructuras criminales se disputan el control de los negocios ilícitos, especialmente del narcotráfico y la minería ilegal.

Las comunidades rurales que habitan en las zonas de Putumayo, Nariño y Cauca en zonas cercanas a yacimientos minerales y/o cultivos ilícitos corren graves peligros, pues muchas veces son obligadas a trabajar para las organizaciones criminales que manejan estos negocios, pero también sus líderes pueden convertirse en blancos de las balas si se oponen a las actividades ilegales o las denuncian, y en otras ocasiones quedan atrapados en medio del fuego cruzado de las agrupaciones que se disputan a sangre y fuego el control de las plantaciones de coca, el manejo de las rutas para sacar la droga hasta el mar o la explotación de los ríos y las minas.

Estas comunidades están en el peor de los mundos, pues cualquier posición que tomen frente a la ilegalidad, ya sea de cooperación, de confrontación e incluso de neutralidad las expone. Más grave aún es que las autoridades tengan claro cuántas son las organizaciones criminales que tienen azotados estos territorios y no intervengan de manera permanente hasta devolverle la tranquilidad a estas comunidades, que no solo son víctimas del acoso de los ilegales, sino también del abandono de un Estado que solo llega hasta esas tierras a realizar los levantamientos de los cadáveres.

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