La discusión nacional en torno a la decisión de la Corte Constitucional de despenalizar el aborto hasta la semana 24 de gestación, debe ser el punto de partida para que por fin nuestro país realice un trabajo serio y sostenido de prevención de embarazos no deseados.

El aborto no debe promoverse ni mucho menos recomendarse, pero sí debe ser una opción para las mujeres, a quienes se les debe garantizar el derecho a decidir sobre su cuerpo.

Por ello, aunque ya no esté tipificado como delito, el país debe trabajar por reducir el aborto a su mínima expresión, y a esto sólo se puede llegar mediante la educación en salud sexual y reproductiva.

Aquí los ministerios de Salud y Educación deben trabajar de la mano para eliminar los tabúes y lograr que las nuevas generaciones tengan suficiente ilustración para ser sexualmente responsables.

Igualmente, el sistema de salud debe facilitar el proceso a las mujeres que decidan interrumpir el embarazo para evitar las complicaciones físicas y sicológicas que implica un aborto cuando han transcurrido varios meses.

La razón por la cual la Corte Constitucional despenalizó el aborto hasta las 24 semanas se debe a que las trabas y la lentitud del sistema de salud llevan a que los embarazos no deseados se prolonguen aunque la mujer manifieste de manera temprana su decisión de no continuar con la gestación.

Esta es una discusión a la que se le debe quitar la carga ideológica y que se tiene que dar desde el punto de vista de la salud y los derechos; el propósito no debe ser convertir el aborto en un método de planificación, sino lograr un nivel máximo de prevención de embarazos no deseados para que la interrupción forzada de la gestación sea un recurso excepcional.

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