Nada justifica las redadas ilegales realizadas por militares en Cali.

El jueves pasado miembros del Batallón 10 de Alta Montaña de Buga y del Batallón Vencedores de Cartago vinieron a Cali y de manera ilegal reclutaron 25 jóvenes de diferentes sectores de la ciudad para superar el déficit de soldados que tienen en sus instituciones castrenses.

Los militares que ordenaron y ejecutaron el operativo se pasaron por la faja la Constitución y la Ley de nuestro país que juraron defender. Los oficiales se olvidaron que son ilegales este tipo de redadas.

¿Con qué cara condenamos el reclutamiento forzado de menores realizado por las Farc si el Ejército también está dispuesto a hacerlo? Los colombianos hemos apoyado incondicionalmente al Ejército y lo hemos respetado por su valor y entrega, reconocemos la importancia que tiene su trabajo en pro de la seguridad nacional pero este afecto no puede llevarnos a pasar por alto este tipo de actuaciones.

Los miembros del Ejército no pueden proceder como los bandidos que llevamos combatiendo 50 años. Las explicaciones del comandante de la Tercera Brigada y la forma en que justifica la actuación de los oficiales no se compadecen con los relatos de lo sucedido a los jóvenes reclutados ilegalmente.

No es aceptable que se minimice el hecho por la supuesta presión que tienen algunos comandantes por la falta de soldados en sus guarniciones y por la imposibilidad de cumplir con las metas de reclutamiento. En nombre de las metas a los militares hace algunos años los colombianos fuimos testigos de los atroces “falsos positivos”.

El momento histórico que vive Colombia exige unas instituciones militares y de policía intachables en las que los ciudadanos podamos creer y confiar.

Los escándalos que las han rodeado recientemente exigen que se tomen medidas disciplinarias ejemplares que vayan más allá de las “investigaciones exhaustivas” eternamente anunciadas.

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