Sea de quien sea la iniciativa, la idea de prorrogar por dos años más el periodo presidencial es inconveniente por varias razones: primero, porque como lo reconoció el propio presidente Juan Manuel Santos, sería modificar la ley en beneficio propio, y, segundo, porque alargar un mandato sin consultar al electorado es completamente antidemocrático, una decisión de esa importancia debe tomarse en las urnas, no en el Congreso.

Ya Colombia se dio la pela de aprobar la reelección, el Presidente que quiera quedarse más de cuatro años tiene esa herramienta democrática como opción, pero debe someterse a la voluntad popular.

Por eso tampoco es conveniente alargar a seis años el periodo de los alcaldes. Si bien un periodo de cuatro años puede resultar insuficiente para un buen gobernante, algo escaso en nuestra oferta política, es demasiado tiempo para uno malo. Si en un cuatrienio un mal alcalde causa grandes atrasos en un ente territorial, en un sexenio puede acabarlo.

Si se quieren igualar las condiciones de los alcaldes y gobernadores con las del Presidente de la República, debería, entonces, aprobarse la reelección por un periodo para los mandatarios locales y regionales, figura que operaría como una evaluación: si el gobernante es bueno, seguramente será reelegido, pero si es malo será castigado y rechazado en las urnas.

En lo político, Colombia es una veleta, pues sufre de “reformitis”, las reglas de juego se cambian con mucha frecuencia en lo político y en lo electoral a beneficio de quienes están en el poder. Es paradójico que, aunque el país tiene demasiados problemas y asuntos más importantes que atender, la dirigencia política priorice debates de menor trascendencia nacional, los que le convienen.

Por fortuna con esta propuesta de ampliación de periodos a seis años la opinión pública, como lo hizo con la reforma a la justicia y la reforma a la educación, se hizo sentir y rápidamente, en sólo tres días, logró que se reversara semejante exabrupto.

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