En el departamento de Nariño, en municipio de Policarpa, la semana pasada se vivió una escena que, en cualquier otra nación, sería inimaginable: las disidencias de las Farc realizaron un acto de inauguración de la pavimentación de una vía que afirmaron haber construido junto a la comunidad de un corregimiento.

Lo que es aún más sorprendente es que este evento contó con la participación de niños y niñas que realizaron presentaciones culturales mientras, a escasos metros de ellos, hombres armados de este grupo ilegal resguardaban la vía con fusiles en mano.

No obstante, este no es un hecho aislado. En el corregimiento El Plateado, en Argelia, Cauca, se produjo una asonada que involucró a la comunidad local.

Las circunstancias sugieren la influencia de las disidencias de las Farc, lideradas por alias “Iván Mordisco”, en esta situación, en la cual la población expulsó al Ejército de la zona.

Hay varios ejemplos como estos en diferentes puntos del país. La problemática es muy preocupante. Los grupos armados ilegales están avanzando y consolidando su control territorial en Colombia, ocupando un espacio que debería ser garantizado por el Estado.

Se están imponiendo como los actores predominantes, tomando el control total de regiones y sustituyendo la presencia del gobierno central.

Estos grupos ilegales no solo construyen infraestructura como la pavimentación de vías, sino que también determinan quién puede o no movilizarse en la zona, quién puede hacer política y quién no, e incluso imponen su propia “ley”.

La población local se ve forzada a convivir bajo las reglas impuestas por estos grupos, lo que erosiona aún más la presencia del Estado y su capacidad para brindar seguridad y servicios básicos.

La pregunta que debemos hacernos es: ¿Por qué el gobierno del presidente no actúa con la contundencia necesaria en estos casos? Es esencial que el Estado colombiano tome medidas efectivas para recuperar el control, antes de que sea demasiado tarde.

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