Esta semana fueron habilitados cinco kilómetros de la doble calzada Buga – Buenaventura entre el sector del Lago Calima y Loboguerrero. Si bien el tramo representa un avance en el propósito de mejorar la conectividad entre el centro del país y el principal puerto colombiano sobre el Pacífico, es también una muestra de la ineficiencia del Estado en la ejecución de este proyecto.

Las obras de la doble calzada a Buenaventura completaron 15 años y aún faltan 32 kilómetros por construir. El esquema de contratación por tramos resultó perverso y hay preocupación entre la dirigencia del Valle del Cauca porque se acerca el fin del periodo del actual gobierno nacional y no están asegurados los recursos para ejecutar lo pendiente.

Por ello, hace un par de días la gobernadora Clara Luz Roldán, en compañía de miembros de la bancada de congresistas del Valle del Cauca y representantes de los gremios del departamento, hizo un llamado al presidente Iván Duque para que antes de irse asegure el marco fiscal de este proyecto.

Que sean los voceros vallecaucanos quienes clamen por la culminación de esta obra de infraestructura evidencia que el gran escollo para la doble calzada Buga – Buenaventura es que desde su concepción ha sido vista por el centralismo como algo del Valle del Cauca y no como lo que verdaderamente es: un proyecto clave para la competitividad nacional, pues a través de esta vía se mueve más del 40% de las exportaciones colombianas, y, además, es la conexión con el interior del país de los 425 mil habitantes de Buenaventura y de otras 100 mil personas que viven en los apartados municipios del litoral en Cauca y Chocó.

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