La Defensoría Nacional del Pueblo dio a conocer que desde Chocó hasta Nariño, pasando por Valle del Cauca y Cauca, operan 17 disidencias de las Farc.

Para no ir muy lejos, en la zona rural de Jamundí, donde regresaron los combates, es cada vez más fuerte la presencia de estas organizaciones ilegales que se disputan el control de los cultivos ilícitos y de las rutas del narcotráfico.

Es como si el posconflicto no hubiera llegado después de la firma del acuerdo con las Farc, pues Colombia no se encuentra en una fase de transición hacia un estadio sin actores armados ilegales, por el contrario, cada vez aparecen más y día a día dan mayores muestras de su peligrosidad; los asesinatos de líderes sociales y las amenazas contra periodistas son claros ejemplos de ello.

La situación es un hervidero, y pese a la creciente amenaza de los grupos ilegales, llámense disidencias de las Farc, bandas criminales o ELN, el Estado aún no sale del letargo en el que entró desde las negociaciones de La Habana, cuando las Fuerzas Militares perdieron la iniciativa en la lucha contra los violentos y las tropas fueron replegadas por el entonces presidente Juan Manuel Santos.

Urge que el Gobierno Nacional intervenga con decisión para romper este círculo vicioso, en el que el crecimiento de los grupos ilegales va a la par con la expansión de los cultivos ilícitos. Mientras no haya una reducción significativa de las plantaciones de coca, marihuana y amapola, será muy difícil frenar el aumento de las bandas que se nutren del narcotráfico.

Al ver este panorama, con disidencias de las Farc a lo largo y ancho del país, hay que reconocer que el acuerdo con las Farc solo resolvió la situación judicial de los cabecillas, pero no el problema de violencia de fondo.

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