Esta semana la Defensoría del Pueblo lanzó una alerta temprana ante la presencia de disidencias de las Farc en los municipios de Dagua, Buga, El Cerrito y Palmira, en el Valle del Cauca, donde ya han perpetrado acciones violentas.

Ojalá no se trate de otra crónica de una muerte anunciada y las autoridades adopten medidas urgentes para evitar que estas localidades queden presas de los herederos de la guerrilla.

Pasar por alto esta advertencia o subestimarla no sólo expondría a los habitantes de estos municipios a un régimen del terror, sino que propiciaría la consolidación de las nuevas Farc.

La extorsión, el secuestro, los asesinatos, el reclutamiento de menores, el abigeato y el desplazamiento eran los flagelos que azotaban a toda población a la que llegaban las Farc, y si ahora se permite que las disidencias tomen control territorial, se expondrá a miles de colombianos a la misma situación.

Sin embargo, las labores de las Fuerzas Militares tienen que ir más allá de los municipios incluidos en la alerta temprana de la Defensoría del Pueblo, pues no son pocas las denuncias sobre la presencia de las “nuevas” Farc en centros urbanos, como en el caso de Cali, donde las autoridades reportaron evidencias de la infiltración de las protestas durante el paro.

Además de la amenaza que representa la presencia de los herederos de las Farc en materia de seguridad, preocupa que recientes hechos de violencia que se han presentado en diferentes partes del país fueron advertidos por la Defensoría del Pueblo, pero las alertas no han sido tomadas en cuenta y la Fuerza Pública ha llegado después de ocurridas las tragedias. Ojalá este no sea el caso y se actúe pronto contra las disidencias, para que no se repita la historia de horror a la que las Farc sometieron a Colombia.

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