Mientras persista el maltrato a los colombianos, no hay nada que hablar con el Presidente venezolano.

En medio de los desaciertos del Gobierno Nacional en el manejo de la crisis con Venezuela, hay que reconocer que las condiciones que el presidente Juan Manuel Santos puso para acceder a un encuentro personal con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, son válidas, lógicas y oportunas.

El Presidente exigió que se abra un corredor humanitario para que más de dos mil niños puedan regresar a clases, que se permita recuperar las pertenencias de los colombianos deportados y que se cumplan protocolos mínimos en los casos de deportación de connacionales desde Venezuela.

Mientras Maduro no cumpla estas condiciones, Santos no debe acceder a un encuentro con él, pues hacerlo mientras persista el trato degradante a los colombianos por parte de las autoridades venezolanas de la frontera sería validar las prácticas xenófobas del gobierno chavista.

Ahora bien, si el Presidente de Venezuela finalmente entra en razón y acepta las lógicas peticiones del Presidente de Colombia, la comunidad internacional deberá jugar un papel de verificación para garantizar un trato digno para los colombianos que sean deportados del vecino país.

Si bien a Venezuela no se le puede pedir de forma imperiosa que pare las deportaciones de colombianos, pues eso, con razón o sin ella, es potestad de su gobierno, sí se le debe exigir que se rija por protocolos que garanticen los derechos fundamentales de quienes sean expulsados de su territorio, es decir, un trato digno, sin afectar la unidad de las familias y sin que haya despojo de pertenencias.

La crisis humanitaria de la frontera fue provocada por Maduro y solo una posición racional del mismo Maduro podrá ponerle fin a esa compleja situación y al impasse diplomático derivado de ésta.

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