Enfrentar el covid-19 le está representando al Estado colombiano, en todas sus instancias, la destinación de altos presupuestos, lo que ha obligado a reordenar las prioridades a la hora de asignar recursos. Con la crisis económica ocasionada por el aislamiento obligatorio, los ingresos de las alcaldías, de las gobernaciones y del mismo Gobierno Nacional por concepto del recaudo de impuestos tienden a disminuir. Naturalmente, el cierre de negocios y empresas implicará no únicamente que estos establecimientos dejen de tributar, sino también que las personas que pierdan su empleo tampoco puedan pagar sus impuestos.

Por citar un ejemplo, la Federación Nacional de Departamentos informó que en los cuatro primeros meses del año, de los cuales marzo y abril ya fueron cobijados por los efectos de la pandemia, las gobernaciones dejaron de recibir $280.121 millones por concepto de recaudos tributarios y no tributarios. No hay que ser adivino para proyectar una caída de los ingresos en mayo y junio. ¿Cuál será el panorama financiero de los entes territoriales al final de este año?

Por lo anterior, es fundamental que las empresas que siguen a flote pese a las dificultades y los ciudadanos que conservan sus empleos o sus fuentes de ingresos, cumplan con el pago de sus impuestos, pues de estos recursos dependerá en gran medida que las alcaldías, las gobernaciones y el Gobierno Nacional puedan brindar asistencia social y adelantar proyectos que generen empleo y oportunidades de desarrollo para la reactivación económica del país.

La Alcaldía de Cali, con su Megapapayazo, y la Gobernación del Valle con descuentos para los morosos del impuesto automotor, están ofreciendo interesantes estímulos para quienes se pongan al día con sus obligaciones. Aprovechar estas facilidades es, también, una forma de ser solidarios con la ciudad, la región y el país en medio de esta crisis.

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