El caso del túnel de La Línea es una muestra del mal manejo que da el Gobierno a las obras licitadas.

La decisión del Instituto Nacional de Vías, Invías, de declarar de manera formal la caducidad del contrato para la construcción del túnel de La Línea, debido a los retrasos en la ejecución, amerita una reflexión profunda sobre el manejo que el Gobierno Nacional da a las obras públicas.

Según información del Ministerio de Transporte, a pesar de haberse pagado el 98% de los recursos comprometidos, la ejecución de la obra, que debía estar lista el 30 de noviembre pasado, no supera el 75%.

Aquí surge la primera pregunta: ¿es esto sólo responsabilidad del contratista? Claro que no, la Nación también tiene mucho que ver, pues pagó casi la totalidad de la obra y tardó cinco años para percatarse de que no se estaban cumpliendo los tiempos estipulados.

Es claro que el Estado colombiano, en todos sus niveles, comete error tras error en el manejo de las obras que licita, y casi todas las decisiones que se toman entorno a ellas, desde la adjudicación hasta las pocas caducidades que declara, dejan dudas y sabor de intenciones políticas.

Debería haber mayor control a los contratistas, con seguimiento permanente a las obras y el acompañamiento necesario para que los legalismos innecesarios no terminen frenando las obras.

Si las licitaciones de las obras públicas se manejaran con total transparencia y las adjudicaciones se basaran en conceptos completamente técnicos, lejos de los amiguismos y del pago de favores de campaña, el Estado tendría la independencia suficiente para exigirles a los contratistas.

Ojalá esta caducidad esté bien sustentada y no vaya a dar origen a un lío jurídico que termine en una sanción que represente detrimento para la Nación.

Mano dura con los contratistas, pero con transparencia y diligencia por parte del Estado, para que el país salga de su grave rezago de infraestructura.

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