¿Cómo entender que mientras los cabecillas del ELN hablan de paz en Ecuador, en Colombia sus hombres cometen actos de violencia como el atentado perpetrado el pasado fin de semana en Barranquilla?

Además del dolor por la muerte de cinco policías, el repudiable acto en el que también resultaron heridos otros 41 uniformados, abre muchos interrogantes.

La primera gran duda tiene que ver con la responsabilidad del Gobierno Nacional, pues así los explosivos los haya puesto el ELN, la actitud permisiva que se tuvo frente a otros hechos de violencia cometidos por esta guerrilla, como el asesinato de un gobernador indígena el año pasado en el Chocó y la arremetida contra la infraestructura petrolera hace unas semanas, validó el esquema perverso de negociar en medio de bombas y muertos.

Por eso, lo mínimo que podía hacer el presidente Juan Manuel Santos era suspender las conversaciones, decisión que no debe ser coyuntural, si no una política de negociación en la que el Gobierno Nacional sea, por fin, el que marque el ritmo y ponga las condiciones, y no la guerrilla. Algo difícil de lograr después de haber adelantado un proceso de paz con las Farc en el que el Estado se excedió en concesiones.

En ese sentido, volver a la mesa de diálogo con el ELN debe estar condicionado a la renuncia de esta agrupación al terrorismo, a los asesinatos y al secuestro, como señal de voluntad de paz.

Los cabecillas del ELN deben tener claro que los colombianos no respaldarán un acuerdo en esas condiciones, y el Gobierno Nacional debe entender que si acepta negociar bajo el chantaje del terror, estimulará, como ya lo ha hecho, la reproducción de agrupaciones armadas que se sienten con derecho a exigir lo que no merecen.

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