El decreto revelado el pasado viernes, que propone exigir solo nacionalidad colombiana por nacimiento y 25 años de edad para ser embajador o cónsul, abre un debate profundo sobre el rumbo de la política exterior de nuestro país.

La propuesta elimina experiencia y formación académica, bajo el argumento de que estos cargos representan al presidente y requieren confianza plena. Además, plantea que pedir preparación sería discriminatorio.

Sin embargo, esta explicación desconoce la complejidad del servicio exterior y reduce una labor estratégica a un simple acto de nombramiento.

La discusión no gira solo en torno a un cambio administrativo. También expone una contradicción evidente, pues, en campaña, Gustavo Petro afirmó que la diplomacia colombiana fallaba por falta de personal capacitado.

Además, defendió que quienes estudiaron relaciones internacionales o quienes hicieron carrera diplomática debían ocupar estos cargos, pero, ahora, su planteamiento va en sentido opuesto y pretende eliminar justamente lo que antes consideró indispensable.

Los argumentos técnicos son claros. Un embajador administra relaciones políticas, comerciales y jurídicas con otros Estados.

Además, lidera negociaciones sensibles y maneja crisis que requieren conocimiento y criterio. Eliminar requisitos abre la puerta a la improvisación y reduce la representación internacional a un ejercicio de discrecionalidad.

Por eso, los sindicatos Asodiplo y Unidiplo rechazaron el decreto y advirtieron un retroceso institucional. También recordaron que los cónsules atienden temas críticos como emergencias, trámites migratorios y asistencia a víctimas.

Un cambio de esta magnitud también afecta la reputación del país. La credibilidad internacional se construye con continuidad y profesionalismo, además, un error diplomático puede comprometer intereses estratégicos y reducir oportunidades de cooperación.

Por eso, mantener requisitos mínimos no es un capricho burocrático, sino una garantía para proteger al Estado.

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