El debate sobre los llamados “gestores de paz” volvió al centro de la discusión pública en Colombia, luego de que se conocieran decisiones que suspendieron órdenes de captura a cabecillas criminales para facilitar diálogos.

Lo que en teoría busca abrir caminos hacia la desescalada de la violencia terminó generando una fuerte controversia jurídica y política sobre los límites de esa figura.

En ese contexto, la figura del gestor de paz no es nueva, pero sí adquiere una dimensión distinta cuando se aplica a personas con procesos judiciales vigentes o señaladas de delitos recientes.

La suspensión de órdenes de captura, seguida por su posterior reactivación en varios casos, evidenció tensiones entre el Gobierno y la Fiscalía, lo que deja en evidencia un problema de fondo: la falta de claridad jurídica sobre hasta dónde puede llegar esta herramienta.

Sin embargo, el debate no es solo legal, sino también ético. ¿Puede el Estado otorgar beneficios a quienes siguen vinculados a estructuras criminales? ¿Se trata de un mecanismo legítimo para avanzar en la paz o de una puerta abierta a la impunidad? Estas preguntas se vuelven más relevantes cuando se conoce que algunos de estos actores continúan delinquiendo mientras mantienen estatus dentro de procesos de diálogo.

Además, el gobierno del presidente Gustavo Petro ha abusado de esta figura.

Alcaldes, gobernadores y distintos sectores han advertido que estas decisiones pueden debilitar la autoridad del Estado y enviar mensajes equivocados a la ciudadanía.

La percepción de que algunos criminales reciben beneficios mientras otros enfrentan todo el peso de la ley erosiona la confianza en las instituciones.

A esto se suma un elemento político que no puede ignorarse. En plena coyuntura electoral, la designación de gestores y las decisiones asociadas a la política de “paz total” han sido interpretadas por algunos sectores como movimientos que pueden tener implicaciones más allá de lo estrictamente humanitario o de seguridad.

Esto introduce un factor adicional de desconfianza en un proceso que debería sustentarse en transparencia.

La pregunta de fondo es si la figura de los gestores está cumpliendo ese propósito o si, por el contrario, está debilitando los principios que pretende proteger.

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