Cada año, de una forma u otra, ya sea con marchas que llegan hasta Cali o con protestas en su departamento, las comunidades indígenas del Cauca se las arreglan para reclamarle al Gobierno Nacional tierras e inversión social, pedidos a los que este año agregaron la exigencia de autonomía y control territorial. Si esta última pretensión, que consiste en la salida del Ejército Nacional de los resguardos, es inaceptable, por todas las consideraciones de inconveniencia que ya se han analizado desde esta tribuna de opinión, las que tienen que ver con las pretensiones de más terreno y recursos del Estado, aunque a simple vista no lo parezcan, también lo son.

Hay que empezar por decir que las comunidades indígenas, especialmente las del Cauca, no son tan pobres como parecen; ya quisieran los colombianos menos favorecidos que viven en las ciudades tener al menos la mitad de los privilegios con los que cuentan quienes habitan en los resguardos.

Según Planeación Nacional, los indígenas, que son el 1.03% de la población del país, son los dueños del 27.3% del territorio colombiano, 31 millones 255 hectáreas, y quieren más. Como si esto fuera poco, los miembros de las comunidades autóctonas, que como todos los ciudadanos se benefician de los recursos del Estado a través de las obras y proyectos que se ejecutan en los entes territoriales en los que están asentados, cuentan con una partida especial: el 0.51% del Sistema General de Participaciones de la Nación va a los resguardos; por este concepto a los indígenas les corresponden este año $121.637 millones, de los cuales $26.517 millones son para los del Cauca.

Al conocer estos datos es inevitable preguntarse por qué en vez de reclamar más tierra y más recursos del Estado, los indígenas no ponen a producir la que ya tienen y generan desarrollo para sus comunidades y su región. El discurso de pedir y pedir argumentando una deuda social no puede aceptarse más, pues la misma ya ha sido pagada varias veces.

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