El Estado colombiano cometió un grave error cuando le dio validez política al narcotráfico y al secuestro.

Hizo bien la plenaria del Senado de La República al aprobar en cuarto debate el acto legislativo que busca sacar al secuestro y al narcotráfico de la conexidad con el delito político, pues en un país que ha sufrido tanto por cuenta de estos dos flagelos, que en muchos casos han estado ligados, mantener esta figura se puede convertir en un estímulo para los criminales.

Por petición del entonces presidente Juan Manuel Santos, el anterior Congreso declaró la conexidad del narcotráfrico con el delito político para evitar que los cabecillas de las Farc, grupo subversivo que terminó convertido en un cartel de las drogas más grande que el de Medellín, tuvieran que responder ante la justicia por esto.

Fue, en resumen, un condicionamiento del grupo armado ilegal para suscribir el acuerdo de La Habana.

Lo que hicieron los congresistas fue enmendar un error, pues en las actuales condiciones del país, que está inundado de coca, mantener la conexidad del narcotráfico y el secuestro con el delito político equivaldría a darle licencia a las disidencias de las Farc, al ELN y a todas las bandas criminales para que practiquen estos delitos con la tranquilidad de que podrán esgrimir motivaciones políticas para librarse del castigo.

Contrario a lo que dicen quienes se rasgan las vestiduras por la decisión que tomó el Senado, pues argumentan que dificultará futuras negociaciones para desmovilizar grupos armados ilegales, este es un mensaje poderoso en el propósito de acabar con la impunidad.

Los cabecillas de las Farc, que controlaron el cultivo, procesamiento y venta de toneladas de droga, y que ordenaron cientos de secuestros, no pagarán ni un día de cárcel por ello.

En adelante los responsables de estos delitos no podrán ser objeto de amnistías.

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