La estrategia de las campañas parece direccionada a desprestigiar a los otros candidatos y no a posicionar a los propios.

Con o sin fundamento, las denuncias que van y vienen entre las campañas de los dos candidatos presidenciales que encabezan la intención de voto no son más que guerra sucia.

Tras la intención de revelar que el asesor de uno habría recibido plata del narcotráfico como supuesto pago por una intermediación ante al Gobierno Nacional y que un miembro de la campaña del otro era un hacker que realizaba interceptaciones ilegales, no hay ningún interés altruista: sólo se busca desprestigiar al contendor.

En esta campaña, lamentablemente, la definición de estrategia política parece ser la definición y realización de acciones de comunicación para desprestigiar al rival y no para posicionar una propuesta de país, como debería ser.

En la lógica de estos candidatos parece que el mejor estratega es aquel que más trampas pueda urdir.

Lo grave de esto es que los escándalos hacen que el debate electoral, que debe ser la esencia de la campaña, pase a un segundo plano y que las propuestas sean reemplazadas por peleas y rumores que sólo sirven para alejar más a los ciudadanos de la participación política.

En su ciega obsesión por el poder, los candidatos y sus equipos no se han dado cuenta de que este tipo de artimañas ya no calan en la gente; se volvieron predecibles en sus jugadas y los colombianos poco les creen.

No se trata de callar si hay posibles irregularidades en una campaña o si hay indicios de acciones ilegales de parte de un personaje cercano a un candidato, es deber ciudadano dar parte a las autoridades y de los medios de comunicación registrarlo; lo reprochable es utilizar esta información para manipular y confundir al electorado y reducir el debate electoral a un espectáculo de ínfima categoría.

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