Con dos paros en ejecución, el del Catatumbo y el de los mineros, y el anuncio de otros, el cafetero y el camionero, debe quedar muy claro que si bien la protesta es un derecho consagrado en la Constitución Nacional, esto no equivale a una licencia para violar la ley. Cuando un manifestante pasa del justo reclamo al ataque, como ocurrió con la quema de vehículos en la vía al mar, se convierte en delincuente y como tal debe ser tratado.

El reclamo de un derecho no puede convertirse en un pretexto para cometer delitos ni para violar los derechos ajenos, y eso es lo que hacen quienes bloquean vías. Por duro que parezca, en esos casos debe acudirse a la Fuerza Pública para disolver los taponamientos.

Las consecuencias del bloqueo de una carretera no son sólo financieras, los desabastecimientos dejan mucho más que pérdidas económicas, afectan la calidad de vida de quienes habitan las poblaciones que quedan incomunicadas y, como ocurrió a comienzos de año cuando se impidió el paso de ambulancias desde Popayán hacia Cali en pleno paro cafetero, ponen en riesgo la salud de quienes deben ser trasladados para recibir atención médica.

Los mineros, los cafeteros, los camioneros y todos los sectores que así lo consideren pueden entrar en huelga si lo creen necesario para hacerse oír, es legítimo, pero cualquier acción ilegal que intenten al amparo de la protesta es inadmisible, y el Estado, que está en obligación de escucharlos y buscar salidas concertadas, tiene también la obligación de garantizar que esas manifestaciones no alteren el orden público ni pongan en riesgo la vida y bienes de quienes no participan en ellas.

El peor error que pueden cometer quienes adelantan una protesta es cometer desórdenes y acciones violentas, pues convierten una manifestación social en un hecho de orden público y al afectar a otros ciudadanos pierden cualquier respaldo para su causa.

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