El secuestro de un arquitecto en Jamundí, atribuido a disidencias de las Farc, deja en evidencia el grave peligro de permitir que los grupos ilegales que se desprendieron de la antigua guerrilla se consoliden.

El país no puede cometer el error de minimizar a las disidencias, por considerar que actúan de manera aislada y que sus delitos no son de alto impacto, el caso en cuestión es una muestra clara de su peligrosidad y una señal de lo que puede ocurrir si se permite que sigan creciendo.

En ese sentido, el Estado tiene que trabajar en la consolidación de los procesos iniciados con los desmovilizados, para evitar que tomen la decisión de regresar a la ilegalidad. Avanzar en la reintegración es clave para alejar a los excombatientes de las tentaciones que representan los lucrativos negocios ilegales que están en manos de las disidencias.

Paralelamente, el Gobierno Nacional tiene que aplicar toda su fuerza contra las bandas conformadas por exguerrilleros de las Farc que no se acogieron al acuerdo suscrito con el Estado; combatir a las disidencias es clave para que ese acuerdo funcione, después de todo lo que cedió la institucionalidad en las negociaciones de La Habana, permitir que estos grupos se consoliden como una nueva guerrilla sería tirar todo por la borda.

El país no puede creer en la idea equivocada de que hay que replegar a las Fuerzas Armadas para evitar los combates; por el contrario, hay que contrarrestar esas amenazas para evitar que vastos territorios queden bajo el control de la ilegalidad, y hay que hacerlo ya, o en muy poco tiempo Colombia volverá a vivir las épocas en las que los secuestros, las tomas y las masacres hacían parte de la agenda diaria.

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