En ese pulso entre el Gobierno y el Congreso, la institucionalidad nacional es la más afectada.

¡Cuánto daño le hace al país la política extorsiva! Parece que quienes la practican no miden las consecuencias y no se han dado cuenta de la crisis de gobernabilidad que propician, o, tal vez, no les importa.

Nada más conveniente para el equilibrio institucional de un sistema democrático que una relación respetuosa e independiente entre sus poderes, en la que los acuerdos y desacuerdos sobre los temas públicos dependan exclusivamente de lo que consideren conveniente o inconveniente para el país.

Lo dañino y, además, muy peligroso, es que los acuerdos o desacuerdos dependen de los intereses de las partes.

Cuando el Gobierno compra a las mayorías del Congreso para garantizar que sus proyectos sean aprobados sin chistar, o viceversa, cuando los congresistas presionan al Gobierno para recibir prebendas, como puestos y contratos, a cambio de entregarle su respaldo incondicional, el sistema se corrompe y la relación entre el Ejecutivo y el Legislativo se vuelve una vulgar transacción.

Al actual Gobierno Nacional se le ha dificultado concretar las mayorías en el Congreso de la República, y aunque claramente las posiciones de varios representantes a la Cámara y senadores que no acompañan las iniciativas del Ejecutivo tienen sustento ideológico y son respetables, con otros legisladores es inevitable preguntar si sus posiciones contrarias al Gobierno serían favorables si el presidente Iván Duque decidiera destapar el frasco de la mermelada.

No se trata de hacer un llamado al unanimismo, pues también es inconveniente, sino de pedirles a los congresistas que no definan sus votos a partir de sus intereses particulares, sino que sean producto de una evaluación juiciosa de lo que le conviene o no le conviene al país.

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