Esta medida no puede convertirse en una licencia para los grupos armados.

Aunque el Gobierno Nacional diga lo contrario, es claro que durante las negociaciones de La Habana, las Fuerzas Militares frenaron la ofensiva contra las Farc, esto y el posterior cese al fuego bilateral, llevó al repliegue del Ejército en zonas de influencia guerrillera, lo que fue aprovechado por este grupo armado ilegal y por otros para hacer de las suyas. El aumento desbordado de los cultivos ilícitos y de la minería ilegal es prueba de ello.

Por eso preocupa que el cese al fuego bilateral con el ELN sea interpretado de igual manera por el Estado colombiano, pues podría dar lugar a la consolidación de las nuevas organizaciones criminales que se disputan el control de los territorios que ocupaban las Farc.

En la práctica, el cese al fuego con las Farc se convirtió en una especie de licencia para que todo tipo de organizaciones criminales hicieran y deshicieran en las zonas rurales. Por temor a una confrontación que pudiera afectar las conversaciones de La Habana, la operatividad bajó y los actos de violencia, varios de los cuales se cree fueron cometidos por las Farc, así como los decomisos de armas que también se creía eran de las Farc, se le atribuían al ELN.

¿Qué hacer ahora para que este nuevo cese bilateral no sea aprovechado por los nuevos grupos armados y por el mismo ELN para su fortalecimiento?

El gran desgaste institucional derivado de las concesiones a las guerrillas no valdrá la pena si al tiempo que se neutraliza a dos actores armados por la vía política, el Gobierno Nacional comete el error de aflojar en la vía militar y permite que nuevos actores armados, más dispersos y, por lo tanto, más peligrosos, se afiancen para continuar la violencia y alejar la tan anhelada paz.

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