Al nuevo Gobierno le espera una tarea compleja en la contención de la violencia.

Pese a las manifestaciones de rechazo y las medidas de seguridad anunciadas por las autoridades, los asesinatos de líderes sociales no se detienen.

El caso más reciente es el de Libardo Moreno, un hombre de 76 años de edad, baleado en la vereda La Paila, en el corregimiento de Villacolombia, en Jamundí.

Se trata de un fenómeno que el país aún no ha podido entender, pues si bien todas las víctimas son personas representativas en sus comunidades, tienen características muy distintas y los crímenes han ocurrido en zonas muy apartadas unas de otras, donde operan actores ilegales que aparentemente no tienen conexión entre sí.

Por lo tanto, estos asesinatos sugieren la consolidación de grupos ilegales en todo el país, agrupaciones que asumieron el manejo de todos los negocios ilícitos que antes controlaban las Farc, especialmente el narcotráfico y la minería ilegal, y que están dispuestas a “deshacerse” de todo aquel que represente un obstáculo para sus fines.

Esto no ocurriría si los líderes sociales no tuvieran que asumir la defensa de sus comunidades, algo que le compete al Estado, pero el común denominador de las zonas en las que se han cometido estos crímenes es la nula o muy débil presencia de las autoridades.

Uno de los peores errores del Gobierno saliente fue dejar sin Dios y sin ley los territorios de predominancia guerrillera, pues tras la desmovilización de las Farc surgieron rápidamente grupos que coparon esos espacios.

El Estado creyó que estaba poniendo un punto final a la violencia y lo que puso fue un paréntesis, pues en estos territorios no se dieron los cambios necesarios y la pausa solo sirvió para que nuevos actores y disidentes se tomaran los espacios a los que la Fuerza Pública no llegó. La tarea que le espera al nuevo Gobierno no es fácil.

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