La situación humanitaria que hoy vive el departamento de Córdoba, con inundaciones que afectan a la mayoría de su territorio, obliga a una reflexión que va más allá de la fuerza de la naturaleza.

Las lluvias explican la emergencia, pero no explican por qué el Estado llega tarde, sin recursos suficientes y con respuestas precarias frente a una crisis de esta magnitud.

Resulta imposible no cuestionar que el presidente Gustavo Petro alegue falta de recursos para atender esta emergencia, cuando el mayor escándalo de corrupción de su gobierno se concentra precisamente en la entidad creada para prevenir y atender desastres.

La Unidad Nacional de Gestión del Riesgo de Desastres, llamada a ser un soporte en momentos como este, terminó convertida en símbolo de desgreño administrativo, corrupción y despilfarro de recursos públicos.

Las investigaciones de los entes de control revelaron irregularidades multimillonarias en contratos destinados a la atención de emergencias, con sobrecostos desbordados, concentración de adjudicaciones y presunto direccionamiento contractual.

Funcionarios y congresistas privados de la libertad, altos cargos señalados y miles de millones de pesos comprometidos configuran un panorama que hoy pasa factura en medio de la tragedia.

En Córdoba, la emergencia climática se encuentra con un Estado debilitado por decisiones equivocadas y por una gestión que permitió que la entidad clave para estos casos se desangrara por dentro.

En ese contexto, resulta insuficiente trasladar responsabilidades o culpar únicamente a factores externos.

Gobernar implica anticipar, prevenir y cuidar los recursos públicos, especialmente aquellos destinados a proteger a la población más vulnerable.

La verdadera prevención empieza con transparencia, planeación y control. Mientras la corrupción siga instalada en las entidades llamadas a responder en los momentos críticos, cada invierno será una catástrofe.

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