La JEP fue diseñada de tal forma que los cabecillas de las Farc no tengan que responder por sus peores crímenes.

Cuando alguien se atreve a decir que la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, generará impunidad, de inmediato es señalado como enemigo de la paz. Sin embargo, una voz autorizada en la materia, la Corte Penal Internacional, CPI, a través de la fiscal Fatou Bensouda, lanzó una alerta a la que el Gobierno de Colombia no puede responder con estigmatizaciones y evasivas.

En resumen, y aunque aquí nos habían vendido otro cuento, a la CPI le preocupa que los máximos responsables de delitos que hacen parte de su jurisdicción, como los crímenes de lesa humanidad, evadan responsabilidades.

En el diseño de la JEP, hábilmente el Gobierno Nacional, con el respaldo de su coalición legislativa, ajustó palabras de tal forma que los cabecillas de las Farc no resulten responsables de actos atroces cometidos por sus subordinados.

En carta enviada a la Corte Constitucional, la fiscal de la CPI advierte sobre algunos apartes de la JEP que podrían violar normas de derecho internacional, lo que indica que si el Estado colombiano desconoce este llamado de atención para librar de sus responsabilidades a los cabecillas de las Farc, la justicia internacional podría intervenir para corregir la impunidad que se ve venir en casos como la masacre de Bojayá, el secuestro y asesinato de los diputados del Valle del Cauca, los campos de concentración y la bomba del Club el Nogal, por citar solo algunos.

El Gobierno de Colombia se equivoca al pensar que el mundo entero está dispuesto a sacrificar la institucionalidad y amañar las normas a conveniencia de los cabecillas de las Farc.

La intervención de la CPI representa una esperanza de justicia para un país en el que parece que las más altas instancias del Estado se comfabularon para dejar en la impunidad los más atroces crímenes de su historia reciente.

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