El mejor castigo para quienes compran o presionan electores es no votar por ellos.

Los ofrecimientos y las presiones con intenciones electorales son más comunes de lo que se cree. Aunque el ejemplo más recurrente de estos delitos es la compraventa del voto, hay muchas otras formas, tanto o más graves que el pago de los famosos $50 mil, que se han puesto en práctica en Cali con motivo de las elecciones del próximo domingo.

El trueque de un billete por un voto resulta de poca monta ante las millonarias cifras con las que son transados líderes barriales, candidatos a las JAL y candidatos al Concejo, quienes a mayor número de votos reciben mayores incentivos económicos. El vulgar negocio, que muchos ignoran es un delito electoral que se castiga con cárcel, contempla pago en efectivo, en especie (como costear el día electoral) y la entrega de contratación y cargos públicos.

Es deprimente, indignante y vergonzoso ver como familias enteras buscan votos para que uno de los suyos, empleado público o que aspira serlo, no pierda el puesto o se haga merecedor de éste, pues si no cumple con la cuota electoral fijada, corre el riesgo de quedarse sin trabajo. Con esta misma lógica perversa se están prometiendo cupos en instituciones públicas de educación técnica, tecnológica y profesional.

Los ciudadanos deben tener claro que un candidato que compra un voto es alguien que ve la administración pública como un negocio y no como un proyecto político, por lo tanto, este tipo de empresarios electorales, si son elegidos, no solo buscarán recuperar sus millonarias inversiones, sino también obtener ganancias, y para ello, regidos por el mismo “código ético” que les permitió comprar a los electores o presionarlos, se apropiarán de los recursos públicos.

Votar por candidatos que incurren en este tipo de prácticas es elegir corruptos de manera consciente. El llamado, entonces, es ni un voto para este tipo de personajes.

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