Cada vez resulta más difícil confiar en el manejo transparente de los recursos del Estado.

En la última semana se conoció el informe anual sobre corrupción que realiza la ONG Transparencia Internacional, en el que Colombia se volvió a rajar; nuestro país obtuvo solo 37 puntos sobre 100, y lamentablemente la calificación no puede controvertirse, porque los hechos conocidos en los últimos días la confirman.

Tal vez el más protuberante es el escándalo por los sobrecostos en la construcción de la Refinería de Cartagena, Reficar, que solo pueden explicarse desde la corrupción.

La Contraloría General de la República encontró que los costos de ejecución de la obra se habrían incrementado en 4.023 millones de dólares; el costo total del proyecto fue de 8.016 millones de dólares, cuando el presupuesto inicial era de 3.993 millones de dólares.

Según los cálculos del órgano de control fiscal, el costo total de Reficar equivale a 1,5 veces la ampliación del Canal de Panamá y 1,15 veces el costo calculado del Metro de Bogotá. Una vergüenza.

Con este panorama, los 37 puntos sobre 100 obtenidos por Colombia en el ranking de Transparencia

Internacional resultan una calificación generosa.

Si bien las denuncias de la contraloría son valiosas, el sistema de control fiscal de nuestro país debe ser más preventivo, pues las inspecciones se realizan después de las ejecuciones, cuando los fraudes ya están consumados.

Ojalá en el caso de Reficar no pase lo de siempre, es decir, nada, sino que se establezcan responsabilidades no solo para castigar con todo el peso de la ley a los responsables de semejante descalabro, sino también para obligarlos a responder con su patrimonio.

¿Con qué confianza la comunidad internacional puede asignar recursos para el posconflicto si existe el riesgo de que sean convertidos en el botín de unos pocos? ¿Cómo creer que la plata proveniente de la venta de Isageén se invertirá correctamente? Imposible confiar así.

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