Hace un año, después de que los resultados de la consulta anticorrupción sorprendieron al país, el Gobierno Nacional, los promotores de la iniciativa y los partidos políticos se comprometieron a sacar adelante un paquete de iniciativas legislativas contra la corrupción. Sin embargo, ninguno de los proyectos fue aprobado.

El mensaje es pésimo: quienes manejan nuestra institucionalidad, y en especial quienes hacen las leyes, no están dispuestos a adelantar reformas que dificulten y castiguen con severidad las malas prácticas en la administración pública, ¿por qué?

Más preocupante aún resulta que al grueso de los colombianos parece no importarle que se le den largas a la lucha contra la corrupción y que los compromisos asumidos por la clase política en esta materia pasen a la larga lista de promesas incumplidas.

La consulta en cuestión, aunque no pasó el umbral exigido, tuvo una votación muy significativa: once millones 500 mil colombianos la respaldaron, pero, esa gran fuerza fue momentanea. Hoy no se percibe una ciudadanía activa en el tema. Tal vez los colombianos cayeron en un estado de decepción y/o frustración, al ver que el sistema político se resiste a cualquier intento de cambio, pero la resignación o, lo que es peor, la indiferencia, únicamente servirían para agravar el problema.

El país no puede ver más la convivencia con la corrupción como algo normal, porque no lo es. En ese sentido, es clave que cada ciudadano asuma el compromiso de ser legal, no caer en la tentación del fraude, porque por pequeño e inofensivo que parezca, alimenta la espiral de ilegalidad. Pero, además, es fundamental que, con su voto, los ciudadanos castiguen a los candidatos que, por acción u omisión, han estimulado la corrupción. ¿Por qué no asumir las elecciones del 27 de octubre como otra consulta anticorrupción?

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