Hace pocos días el director de Planeación Municipal de Cali, Roy Alejandro Barreras, dio a conocer graves hechos de corrupción al interior de esta dependencia.

Según Barreras, algunos funcionarios estarían exigiendo altas sumas de dinero por realizar trámites que son gratuitos. “Habían casos en los que exigían 30, 40 o 50 millones pesos por viabilizar una licencia; o 10, 20 o 5 millones de pesos por un uso del suelo; o 10, 20 o 30 millones para no hacer control de urbanismo”, dijo el Director de Planeación.

Esta es una mala y buena noticia a la vez, pues, por un lado, confirma lo que ya se comentaba en voz baja desde hace varios años sobre cobros ilegales a constructores cuyos proyectos se veían frenados al negarse a pagar lo que no debían, y, por el otro, visibiliza un tema en el que se necesitan acciones contundentes de las autoridades judiciales y de los órganos de control, lo que abre la puerta para que las cosas cambien.

Es importante que sea la propia administración municipal la que abandere este proceso que, ojalá, termine con una depuración profunda no solo en Planeación Municipal, sino también en todas aquellas dependencias en las que hay mandos medios con prácticas similares a las denunciadas.

¿Cuánto se ha entorpecido el desarrollo urbano de Cali por cuenta de este tipo de funcionarios? ¿Cuántos proyectos en regla, que pueden representar generación de empleo para la ciudad, están parados por esto?

Algo que complica la lucha contra la corrupción al interior de Planeación Municipal es que el Concejo deja demasiados requerimientos en el POT, como los planes zonales, que resultan propicios para que funcionarios corruptos cobren por lo que no deben.

Ojalá con estas denuncias no ocurra como con otras tantas sobre corrupción que, después de grandes anuncios, terminan en nada.

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