Con excepción de los cuatro años que duró la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla, y pese al acoso de las guerrillas, la democracia Colombia es la más sólida y antigua de América Latina, un patrimonio invaluable que se debe cuidar con el más preciado tesoro de la nación.

Por eso, preocupa que desde cada uno de los extremos del espectro ideológico se escuchen declaraciones que amenazan la estabilidad democrática del país.

Es grave que, desde izquierda, el presidente de la República irrespete el equilibrio de poderes, al tratar al fiscal general de la Nación como un subordinado, y que amenace con una “revolución” si el Congreso de la República no le aprueba sus reformas, pero es igualmente grave que desde la derecha un coronel retirado del Ejército inste a un golpe de Estado.

Colombia no puede apostarle ni a lo uno ni a lo otro. Las diferencias sobre las reformas presentadas por el gobierno nacional deben resolverse en el Congreso, y sea cual sea la decisión que se tome frente a éstas, la institucionalidad debe acatarlas. Tratar de imponerlas incitando al caos en las calles es una grave amenaza para la democracia.

Igualmente, los sectores opuestos al gobierno nacional deben acudir a las alternativas democráticas para manifestar sus contraposiciones frente a los proyectos oficiales, para eso están el Congreso y los jueces.

Quienes promueven la idea de que el presidente Gustavo Petro se quede en el poder, como quienes tratan de vender un plan para tumbarlo antes de que termine el periodo para el que fue elegido, son un peligro para la democracia.

Sea cual sea su ideología, los colombianos no deben caer en el peligroso juego de quienes, cegados por el fanatismo político, no miden el daño que le pueden causar a nuestra democracia.

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