El gobierno del presidente Gustavo Petro anunció su intención de impulsar una nueva reforma tributaria, con el objetivo de recaudar 12 billones de pesos para financiar un presupuesto nacional que, para el año 2025, presentó un desfinanciamiento de 26,6 billones de pesos.

Esta medida se percibió como un nuevo golpe a los bolsillos de los colombianos, quienes ya soportaron los efectos devastadores de la reforma tributaria anterior, impulsada por este mismo gobierno en 2022 y afectó gravemente al sector productivo del país.

Los argumentos del gobierno se quedaron cortos frente a la realidad que enfrentan los ciudadanos. Los precios de los alimentos aumentaron tras la imposición de un impuesto “saludable” del 15% que, el próximo año, subirá al 20%, impactando directamente el costo de vida de la población más vulnerable. Además, la sobretasa de renta impuesta al sector petrolero, que aumentó del 38,2% al 42,4%, fue un factor determinante en la caída del 24% en las utilidades de Ecopetrol.

A este panorama se sumó la reciente decisión del presidente Petro de prohibir la exportación de carbón a Israel, lo que resultará en una pérdida de ingresos estimada entre 300 y 450 millones de dólares.

Mientras tanto, el gobierno no muestra un compromiso real con la austeridad. El presidente Petro gastó en eventos en 20 meses lo que gastó su antecesor Iván Duque durante cuatro años, y ni qué decir de los gastos en los viajes de la vicepresidenta Francia Márquez.

Colombia necesita un gobierno que administre con eficiencia, priorice el bienestar de sus ciudadanos y que, en lugar de exprimirlos con más impuestos, se enfoque en corregir sus errores y evite derroches. La ciudadanía no debería cargar con el peso de las decisiones erróneas del gobierno.

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