La intervención del presidente Gustavo Petro en la regulación de las tarifas de energía es peligrosa por varias razones, pues, además de que puede llevar al sistema eléctrico a tener precios por debajo de los costos del mercado, envía un mensaje de desprecio por parte del mandatario del ordenamiento jurídico e institucional.

Lo primero, puede quebrar a las electrificadoras y, por lo tanto, conducir al país a padecer apagones, mientras que lo segundo, al apropiarse de las funciones de la Comisión reguladora de energía y gas, Creg, es una preocupante señal de totalitarismo.

Si bien es comprensible y necesario que se revisen las tarifas de la energía, esta evaluación debe hacerse a partir de conocimiento técnico y en las instancias institucionalmente establecidas para ello.

El precio del kilovatio no se define únicamente por los niveles de las hidroeléctricas, sino que hay una serie de factores que también inciden, como, por ejemplo, que los insumos son importados y ahora, con el dólar en alza, cuestan mucho más.

¿Acaso esta intervención presidencial es el primer paso para estatizar el sistema eléctrico?

Vale la pena recordar que antes del apagón de 1992, cuando durante casi un año hubo cortes de energía de entre 9 y 18 horas todos los días, el sistema eléctrico era público y fueron las decisiones políticas, que no tomaban en cuenta el conocimiento técnico, las que llevaron a que se tuviera que racionar la electricidad.

En ese sentido, preocupa que el manejo del sector a partir de decisiones políticas populistas, devuelva al país 30 años y más temprano que tarde el apagón regrese. El sólo anuncio de la intervención presidencial tiene al sector energético paralizado, pues se teme realizar inversiones que no se puedan sostener vía tarifa.

No es exagerado decir que el presidente Petro está plantando los cimientos para un apagón.

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