En una paradoja para un país tan golpeado por la violencia, la devaluación de la cocaína, motor de la criminalidad, puede llevar a Colombia a una situación de inseguridad peor a las ya vividas.

Desde el ELN hasta las disidencias de las Farc, pasando por todo tipo de bandas del crimen organizado y la delincuencia común, el narcotráfico es la principal fuente de financiación, y el cambio en la tendencia de este mercado ilícito está generando un viraje hacia otras modalidades delictivas que puede tener un gran impacto en la seguridad ciudadana.

El efecto ya es evidente, el secuestro, que había disminuido notablemente, está creciendo, la extorsión está disparada y el robo, en todas sus modalidades, azota a los habitantes de las zonas urbanas.

Todo esto se da en un contexto favorable para las organizaciones ilegales, pues el discurso y la política del gobierno del presidente Gustavo Petro, con la “paz total” que limita el accionar de la fuerza pública, facilita la expansión y la consolidación del crimen.

Lo que Colombia necesita en este momento es todo lo contrario, pues si no se pone en marcha una estrategia para contener a estas organizaciones, los grandes centros urbanos terminarán bajo el control del crimen, como ya ocurre en tantos municipios rurales del Cauca, Chocó, el Catatumbo y Nariño.

Si el presidente Petro no deja que la Policía y el Ejército hagan lo que tienen que hacer, se reeditará en las ciudades lo que se está viviendo en Buenaventura, donde el control territorial lo tienen las bandas criminales, mientras los ciudadanos viven bajo un régimen del terror en el que salir a la calle a cumplir sus actividades cotidianas resulta todo un peligro.

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