Una de las noticias más destacadas de esta semana es el paro de maestros liderado por Fecode, en oposición a la reforma educativa.

Entre los puntos críticos planteados por los maestros, la ampliación de la cobertura educativa tanto en educación superior como básica merece una atención especial.

El gobierno destina recursos importantes para cubrir el acceso de jóvenes de escasos recursos a universidades privadas. Sin embargo, los maestros argumentan que, con el costo de educar a un joven en una universidad privada, se podrían cubrir los estudios de tres jóvenes en una universidad pública.

En Colombia, solo el 39% de los bachilleres accede de inmediato a la educación superior. Esta cifra es alarmante y revela la urgencia de una reforma que verdaderamente amplíe la cobertura educativa.

Los recursos del Estado deben ser utilizados de manera eficiente para garantizar que el mayor número posible de jóvenes tenga acceso a la educación superior.

En este sentido, es evidente que la ampliación de la cobertura a través de universidades públicas rendiría más y permitiría que más bachilleres de estratos populares se conviertan en profesionales.

Aunque es comprensible que muchos jóvenes aspiren a ingresar a universidades privadas reconocidas por su alta calidad, no es lógico que el Estado, teniendo universidades públicas de buen nivel, pague cupos en universidades privadas.

En el caso de los colegios públicos, es fundamental invertir en infraestructura y calidad educativa. No podemos olvidar cómo, en el pasado, en Cali y Buenaventura, el negocio de los “colegios de garaje” y los “niños fantasma” permitió a políticos corruptos lucrarse a costa de la educación.

Si bien es cierto que los sindicatos de profesores a menudo luchan más por sus condiciones laborales que por las de sus estudiantes, en esta ocasión sus observaciones sobre la ampliación de la cobertura son acertadas.

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