Hacer concesiones a las bandas criminales es un pésimo y peligroso mensaje.

Durante las negociaciones de La Habana diferentes sectores manifestaron su preocupación porque las concesiones del Gobierno Nacional a las Farc indujeran al Estado colombiano a un círculo vicioso de negociaciones indefinidas con todo tipo de actores armados, y parece que esa inquietud es hoy una alarmante realidad.

Está listo el proyecto de ley, que será tramitado dentro del fast track (la vía rápida para aprobar iniciativas relacionadas con el acuerdo suscrito con las Farc), mediante el cual se busca el sometimiento de las bandas criminales ante la justicia. Sin embargo, más que sentar las bases para el sometimiento de las bacrim, esta iniciativa del gobierno del presidente Juan Manuel Santos crear el escenario para algo que parece más una negociación, pues establece grandes concesiones para este tipo de organizaciones.

El proyecto contempla rebajas de hasta el 40% en los delitos para los miembros de las bacrim y les otorga gabelas en materia de extinción de dominio, pues plantea que puedan conservar el 5% de sus bienes, que vale la pena recordar provienen del narcotráfico, la extorsión, la minería ilegal y los despojos.

¿Este proyecto es el reconocimiento de que la Policía, el Ejército, la Fuerza Aérea y la Armada Nacional son incapaces de enfrentar y someter a las bandas criminales?

Este es un coletazo del acuerdo hecho en Cuba, pues al haber pasado por alto la responsabilidad de las Farc en el negocio de las drogas ilícitas y al asegurar que los responsables de crímenes de lesa humanidad no pasarán ni un día en la cárcel, se sentó un peligroso precedente, pues, sin que importen las consecuencias institucionales de largo plazo, se envía el mensaje de que en este país delinquir paga.

Comments