El aún confuso caso del centro de seguimiento telefónico descubierto en un restaurante de Bogotá abrió un debate nacional sobre las interceptaciones telefónicas, un tema que oscila entre el derecho a la intimidad y la necesidad de realizar inteligencia cuando los intereses de la seguridad nacional así lo requieren.

Este es un asunto que debe ser analizado sin apasionamientos y sin la estigmatización que cobija a este tipo de inteligencia. Debido a los escándalos producidos por casos de interceptaciones ilegales, en Colombia se generaliza cuando se habla de monitoreo telefónico, pero hay que admitir que, cuando se hace dentro de operaciones policiales, militares y judiciales debidamente autorizadas, es completamente legal y muy útil en la lucha contra las grandes organizaciones delictivas.

Los más grandes golpes propinados a los grupos armados al margen de la ley, a las bandas criminales y a los carteles de la droga fueron posibles gracias a la interceptación de sistemas de comunicaciones; ahora bien, si los seguimientos telefónicos a los representantes del Gobierno Nacional en el proceso de paz fueron legales, no hay nada que refutar, pues se trata de un asunto de interés nacional.

Quienes se oponen a las interceptaciones y monitoreos telefónicos legales argumentando la violación a la privacidad olvidan que estos no van dirigidos a revelar aspectos de la vida íntima de los ciudadanos que son objeto de estos seguimientos, sino que buscan información útil para garantizar el bienestar general, especialmente en materia de seguridad. Algo muy diferente, y que debe ser rechazado y judicializado, es “chuzar” por intereses particulares y sin autorización de la autoridad competente.

Un ciudadano de bien, que no oculta nada ilegal, no debe temer ni oponerse a estos seguimientos que, finalmente, son por su propia seguridad; para ganar efectividad en la lucha contra el crimen, los organismos de defensa del Estado deben hacer inteligencia.

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