La propuesta del partido Comunes, antes Farc, que presentó un proyecto de ley para declarar el 28 de abril “día nacional de la resistencia popular”, en conmemoración a la fecha en la que comenzó el paro nacional de 2021, e igualmente darle al monumento levantado en Puerto Rellena durante las protestas el carácter de patrimonio cultural material de la Nación, es innecesaria e inoportuna.

Lo que los exguerrilleros y ahora senadores quieren mostrar como acciones heroicas y dignas de conmemoración, son para miles y miles de colombianos, y muy especialmente para los caleños, hechos dolorosos que no quieren repetir. El 28 de abril del año pasado comenzó un estallido social que no puede ser romantizado, pues independiente de la validez de las motivaciones de muchos manifestantes, que no es el punto de discusión, se desató una oleada de violencia y vandalismo cuyas huellas aún no han sido completamente superadas.

En el caso de Cali, ese día comenzó la confrontación violenta entre ciudadanos, la destrucción de los buses y la infraestructura del MIO, así como de la red semafórica, el saqueo de supermercados, almacenes y estaciones de servicio, la vandalización de bienes públicos y privados y los injustificables bloqueos que paralizaron la ciudad y ocasionaron desabastecimiento de alimentos, medicamentos y combustible, y que impidieron el paso de ambulancias y de insumos médicos, como las vacunas contra el covid-19, en uno de los momentos críticos de la pandemia.

¿Es esto digno de celebrar? ¿Debe el Estado colombiano validarlo mediante una ley de la República?
El Congreso de la República no debe desgastarse en este tipo de iniciativas que sólo sirven para acentuar la división, cuando, por el contrario, lo que requiere el país es superarla.

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