En medio del nacionalismo producido por los anuncios del presidente Juan Manuel Santos en torno al fallo de la Corte Internacional de Justicia de La Haya que le confirió a Nicaragua derecho sobre 75 mil kilómetros de territorio marino colombiano, hay que hacer un llamado a la mesura, pues un tema tan delicado no puede manejarse de manera emocional. Aquí deben caber sólo los argumentos jurídicos.

Es indiscutible que Colombia tiene pleno derecho de defender sus intereses y que el Gobierno Nacional tiene el deber de agotar los recursos legales a los que haya lugar en este caso.

Sin embargo, hay que reconocer que la reacción del Gobierno colombiano fue tardía, pues se produjo diez meses después de conocida la sentencia, justo en medio de la mayor crisis de popularidad del presidente Juan Manuel Santos, lo que, junto al tono político del discurso del Mandatario, sugiere que podría tratarse de una estrategia encaminada a distraer la atención de la opinión pública y utilizar este litigio para despertar un patriotismo que favorezca la imagen del Jefe de Estado y su eventual reelección.

Sin dejar de respaldar al Gobierno, el país no puede distraerse; el patriotismo que despierta este tema no puede alejar la mirada de los colombianos de temas internos importantes y urgentes a los que el Presidente y su equipo deben dar prontas soluciones.

Más allá del apasionamiento, es importante tener presente que el presidente Santos le puede estar diciendo al país lo que la gente quiere oír sin tener la certeza de que se pueda revertir legalmente la decisión del tribunal de La Haya en el diferendo limítrofe con Nicaragua.

Se trata de un tema difícil de abordar porque toca la sensibilidad nacional, por eso hay que ponerle racionalidad, para evitar que se mezclen los intereses superiores de la Patria con los intereses electorales del Gobierno.

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