El video grabado por el “Negro Ober” desde la cárcel de Palogordo, en Girón, Santander, en el que lanza amenazas contra policías y comerciantes del Atlántico, como retaliación por la captura de su esposa, muestra cómo los centros carcelarios de Colombia están lejos de cumplir con su misión, pues, primero, no impiden que los criminales sigan delinquiendo y, segundo, tampoco propician un proceso de resocialización.

Más allá de la inspección realizada por el Gaula y el Inpec a la celda de este delincuente, es necesario que se adopten medidas para evitar que, por ineficiencia o corrupción de las autoridades carcelarias, las penitenciarías sigan funcionando como call centers desde donde delincuentes de todos los pelambres siguen coordinando sus actividades ilícitas.

Más que este tipo de requisas, que son operativos mediáticos que responden a la coyuntura de un escándalo, lo que se requiere es una depuración del sistema carcelario, para evitar que los centros de reclusión sean convertidos en cuarteles generales del hampa y en clubes privados en donde, además de seguir delinquiendo, personas que le han hecho daño a la sociedad cuentan con comodidades extralegales, como los lujos permitidos a los políticos condenados por hechos de corrupción.

Una de las grandes dificultades en la lucha contra el crimen está, precisamente, en lo que ocurre dentro de las cárceles, pues de qué vale que las autoridades locales adelanten acciones para capturar a los delincuentes, si después el sistema carcelario no garantiza que dejen de delinquir, por lo menos, mientras están privados de la libertad.

Hoy las cárceles colombianas son los grandes centros desde donde se coordinan extorsiones y estafas en las narices de las autoridades.

Por eso, una lucha efectiva contra el crimen, tiene que comenzar por una purga anticorrupción del sistema carcelario.

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