Lo ocurrido en Cali con las dificultades en la expedición de facturas y paz y salvo del impuesto predial, en el Valle del Cauca con la demora en el trámite de pago del impuesto automotor, y en Bogotá con la recolección de basuras, ejemplifica la falta de planeación con la que se toman decisiones e implementan cambios en el sector público.

No se trata de debatir las motivaciones que llevaron a los respectivos gobernantes a hacer estos cambios, pues en todos se argumentó la buena intención de optimizar los recursos del Estado, sino de revisar la preparación con las que los implementaron, pues en los tres casos ha sido traumático para los ciudadanos que han visto cómo servicios que eran prestados de manera eficiente, de un momento a otro sufrieron un retroceso.

En los casos de los impuestos predial y automotor, se pasó de trámites que podían realizarse en línea y casi de manera instantánea a procedimientos que requieren largas esperas y que han ocasionado dificultades en la compra y venta de inmuebles y vehículos; y en el de las basuras de la capital de la República, un modelo eficiente de recolección fue sustituido por volquetas y compactadores viejos.

No deben olvidar los gobernantes que las entidades del Estado, al igual que las empresas, tienen clientes, esos clientes son los ciudadanos, y como tales se les deben prestar servicios de calidad; por lo tanto los cambios deben ser siempre para mejorar y, en ese sentido, deben implementarse sólo cuando se pueda garantizar que así será, de lo contrario, por más que haya motivaciones legales o financieras, la gente no los asumirá bien, sobre todo ahora que se están haciendo grandes esfuerzos para reducir trámites y acabar papeleos aprovechando las facilidades que brinda la tecnología.

Ojalá en los tres casos citados pronto haya soluciones y se les preste a los ciudadanos una atención mejor o, al menos, igual al que tenían, y que en futuras ocasiones los cambios se implementen sólo cuando se pueda garantizar un servicio sin traumatismos.

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