Que los “Shottas” y los “Espartanos”, las bandas criminales que operan en Buenaventura, hayan retomado la tregua a la que habían llegado en septiembre pasado, y que había sido incumplida en las últimas semanas, es una buena noticia para la ciudad porteña. Sin embargo, no se puede caer en la ingenuidad de ver la renovación de este pacto como la solución a un problema crónico, que está mediado por múltiples factores.

Buenaventura es una especie de experimento en la búsqueda de la paz total, por lo que sería esperanzador para el país que funcionara el proceso iniciado en esta ciudad y que pudiera ser replicado en todo el país, donde quienes se disputan el control de los negocios ilícitos son los principales generadores de violencias en los centros urbanos.

En ese sentido, no se puede desconocer que la presencia y el modus operandi de estas bandas está ligado a la industria criminal, por lo tanto, no es un tema ideológico sino económico el que las mueve, y lograr que sus integrantes dejen el mundo del crimen y se dediquen a otras actividades no es simplemente un asunto de buena voluntad.

Basta revisar el proceso de paz con la guerrilla de las Farc para entender cómo muchos miembros de esta organizaciones, atraídos por los negocios ilícitos, prefieren permanecer en la ilegalidad; es el caso de las disidencias, cuyas razones de ser son el narcotráfico, la minería ilegal, el robo de tierras y la extorsión.

Con estos antecedentes, es fundamental, entonces, que el gobierno nacional, con la misma decisión que promueve el diálogo, aplique el principio de autoridad, y así como es generoso con quienes se muestran dispuestos al entendimiento, sea implacable con quienes insistan en la violencia y el crimen.

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