El llamado de la gobernadora del Valle del Cauca, Clara Luz Roldán, para que Buenaventura sea militarizada, debe ser acatado por el presidente Gustavo Petro y el ministro de Defensa, Iván Velásquez.

La crisis de seguridad que atraviesa el distrito portuario no puede atenderse con paños de agua tibia, sino que requiere medidas contundentes y sostenidas en el largo plazo o, de lo contrario, seguirá creciendo el poder de los grupos ilegales que se disputan a sangre y fuego el control de los negocios ilícitos de esta ciudad.

Una cosa son las medidas sociales que se deben adoptar para evitar que más bonaverenses entren en la espiral de la ilegalidad y la violencia, esto es algo necesario y debe hacerse, sus resultados no serán inmediatos y ni siquiera se verán en el mediano plazo.

El gobierno no puede caer en ingenuidades. Por ello, mientras se ponen en marcha planes que, desde la educación y las oportunidades, impidan que más jóvenes porteños vean las bandas como alternativas de vida, es necesario frenar a los grupos criminales que operan en la ciudad y esto no se logra con romanticismos, sino con medidas contundentes a través de la fuerza pública y los organismos de seguridad e inteligencia del Estado.

Buenaventura necesita soluciones de fondo, sin duda, pero mientras no se recupere el control territorial, será imposible que cualquier plan social dé frutos, pues las organizaciones ilegales se encargarán de torpedearlo.

El presidente Petro y el ministro Velásquez deben entender que la militarización es la manera más efectiva de proteger a la población civil del puerto, ya otros gobiernos lo hicieron y funcionó, aunque cometieron el error de replegar a los militares rápido.

Es tan grave lo que ocurre en Buenaventura que la presencia de la fuerza pública en las calles debe ser permanente.

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